La muerte visita nuestro sistema

Autor: Cristian Camilo Perico Mariño

*Las opiniones presentadas en esta columna son exclusivamente del autor y no representan la línea editorial del portal web.

Tomar medidas de contingencia frente a una enfermedad global no prevista, nos ha juntado como especie para enfrentar al enemigo en común. Pese a la unión y la solidaridad imperante en tiempos de aislamiento; la pandemia que enfrentamos ha evidenciado las falencias en los sistemas colombianos.

Para empezar, ya es de común conversación reconocer que el sistema de salud de nuestro país es precario y evidentemente colapsará, en caso de un incremento exponencial en las cifras de contagio. Esto se evidencia en que ningún departamento tiene más de dos camas de Cuidado Intensivo por cada 10 mil habitantes, de acuerdo con datos extraídos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS-. Ello quiere decir que se cumple, a modo de premonición, aquella frase del Gran Combo de Puerto Rico, quienes a ritmo de salsa pronosticaron lo que tendrán que decir los médicos dentro de poco: “no hay cama pa´tanta gente”. Todo sería diferente si los funcionarios públicos ejecutaran los presupuestos de forma correcta y no dejasen su tajada habitual por “honorarios extras”, cuando sabemos que ni su trabajo lo suelen hacer bien. Es precisamente por esto que Colombia lidera el top 10 de los países más corruptos en 2020, como afirma la ONG Transparencia Internacional.

Tomado de: minsalud.gov.co

A su vez, el hacinamiento en las cárceles es la penitencia de los presos en el país. El sistema carcelario venía cojeando con anterioridad y las trancas momentáneas de los presidentes de turno no mejoraron las cosas de fondo. En el 2012 el Grupo de Derecho de Interés Público y la Relatoría de Prisiones, de la Universidad de los Andes, advirtió que los problemas en el diseño de la política criminal, el déficit financiero y a la inoperancia de las actividades de re-socialización, eran las causas de su insostenibilidad. Ocho años después, los reclusos se amotinaron, porque el estado no les garantiza condiciones mínimas de salubridad frente a la crisis de salud pública.

Como respuesta, el Gobierno decretó emergencia carcelaria porque, como lo definió el Ministerio de Justicia, se trató de un intento de fuga. Se anunció la firma de un decreto de excarcelación como medida para prevenir el contagio. Hay que reconocer que la excarcelación de miles de presos se traducirá en una reducción del hacinamiento; no obstante, esto no es más que un paño de agua tibia para calmar la fiebre que emanan, desde años, las celdas en el país. Se deben buscar soluciones drásticas y certeras que no solo representen cambios momentáneos.

Tomado de: Semana.com

Conjuntamente la informalidad laboral y el desempleo son la cotidianidad de la nación, aunque el decreto 457 del Gobierno Nacional lo desconozca. El aislamiento preventivo, en definitiva, era la medida que se debió tomar al conocer los primeros casos. Sin embargo, el estado debe pensar en ese 13% de la población desempleada -tasa de enero- y en los 5,78 millones de trabajadores informales que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- notificó en el último trimestre del año pasado.

Mientras eso no suceda miles de colombianos seguirán saliendo a las calles, exponiéndose a sí mismos y a sus familias. No pueden respetar la cuarentena porque dependen del día a día, y si no tienen para solventar los gastos de la semana ¿si tendrán para pagar una multa de $936.320 pesos? Enhorabuena por el gobierno que ya empezó a tomar decisiones al respecto, a ejercer su mandato con medidas de contingencia. Ahora bien, sus ojos se deben posar en el problema principal de Colombia: la corrupción. Sin duda esos $14 billones de pesos relacionados con corrupción, de los que habla Transparencia Internacional, podrían destinarse a las inversiones públicas más urgentes del país y no a las excentricidades de quienes manejan las más altas esferas del Estado.

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