Colombia Agro-Produce ¿un Agro Ingreso Seguro en potencia?

Autor: David Esteban Rojas Ospina

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*Las opiniones presentadas en esta columna son exclusivamente del autor y no representan la línea editorial del portal

Los gobiernos colombianos de las últimas dos décadas, en sincronía con la ortodoxa neoclásica, han defendido una idea de desarrollo extremadamente conservadora, donde el desarrollo del país reposa sobre el armonioso funcionamiento de los mercados y la iniciativa privada, reduciendo a sus mínimas proporciones la capacidad de acción del Estado en la esfera económica. En sincronía con esta idea, tradicionalmente los gobiernos en Colombia han optado por políticas del tipo “efecto de goteo” para impulsar sectores económicos determinados; en síntesis, este tipo de políticas consiste en facilitarles a los actores económicos mejor posicionados las condiciones para generar más riqueza, tales como exenciones tributarias o mecanismos de abaratamiento de la mano de obra, pues de esta manera se producirán rentas mayores que a su vez serán reinvertidas en todos los eslabones del proceso productivo, lo cual terminaría eventualmente por subir los salarios de los trabajadores de manera natural o enriquecer a los pequeños empresarios. Todos ganan.

Tomado de: bancoagrario.gov.co

Si bien la efectividad de este tipo de teorías, excepcionalmente optimistas con respecto a la posibilidad de que los actores dominantes en la estructura económica actúen en beneficio de todos, puede ser tanto defendida como criticada desde diferentes ámbitos, lo cierto es que en Colombia algunas de las políticas del tipo “efecto de goteo” más publicitadas resultaron en vergonzosos escándalos de corrupción, siendo quizá el caso de Agro Ingreso Seguro el más conocido por la opinión pública. El programa, en términos generales, fue una línea de crédito de Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario), cuya finalidad era entregar préstamos con tasas de interés bajas a empresarios agropecuarios y agricultores del país; por desgracia terminó beneficiando desmedidamente a grandes familias latifundistas del país y a empresas que habían aportado a la campaña del expresidente Álvaro Uribe, posteriormente varios de los involucrados fueron condenados penalmente por el escándalo, entre ellos, al exministro de Agricultura de la época y precandidato presidencial Andrés Felipe Arias.

Debido a la emergencia sanitaria que vive el país y para aplacar los efectos de la pandemia en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura a través de FINAGRO estructuró una línea especial de créditos a la que denominó Colombia Agro Produce, diseñados presuntamente para que los pequeños y medianos productores de la ruralidad colombiana hicieran frente a los fuertes efectos de la pandemia. Sin embargo, la Contraloría General de la República advirtió en días pasados a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, situaciones en extremo preocupantes que inevitablemente recuerdan a Agro Ingreso Seguro. Con todo lo anterior, pareciera ser que el actual gobierno del Presidente Iván Duque, no tiene la más mínima intención de actuar por fuera de estos lineamientos pese a los desastrosos antecedentes de este tipo de políticas, ni siquiera en el contexto de la actual.

Tomado de: eltiempo.com

Según la Contraloría, aproximadamente el 90 por ciento de los créditos destinados a la producción agrícola se han canalizado hacia beneficiarios que estarían utilizando los recursos obtenidos en actividades no productivas. Paralelamente, la distribución de los recursos colocados a través de esta línea especial de crédito ha beneficiado claramente a los actores más poderosos del sector agropecuario, siendo los órdenes de magnitud los siguientes: 213 mil millones para grandes comercializadores y agroindustriales (94 por ciento), 8 mil millones para medianos (3 por ciento), y sólo 4 mil millones para pequeños productores (1,8 por ciento) sobre un total de 226 mil millones colocados hasta el 8 de abril. Además, los créditos otorgados se encuentran considerablemente concentrados en zonas específicas del país, puesto que de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría solo el 24 por ciento de los municipios del país ha tenido acceso a esta línea de crédito y los recursos colocados se concentran en un 35.6 por ciento en Bogotá. 

Si bien en el caso de Colombia Agro – Produce, no se han presentado las deleznables prácticas de parcelación de haciendas por parte de grandes propietarios rurales para obtener una mayor cantidad de créditos, ni se ha comprobado que exista algún beneficiario de esta línea de crédito cercano al gobierno nacional, tal y como sucedió con el escándalo de Agro Ingreso Seguro; la situación ha causado una gran polémica en el país: la Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar contra el ministro de Agricultura, Fernando Zea, con la intención de indagar por presuntas irregularidades en la adjudicación de estos créditos, así como también, múltiples beneficiarios han solicitado la cancelación de los créditos que les fueron otorgados, los cuales suman un total de 33 mil millones de pesos.

Tomado de: fiduagraria.gov.co

Si bien el tema de Colombia Agro  Produce tiene aún mucha tela por cortar, no deja de ser lamentable que debido a su dogmatismo ideológico, a su incapacidad para actuar pragmáticamente y a su absoluto sometimiento a las élites regionales, el gobierno nacional implemente las mismas fórmulas fracasadas de estimulación productiva que ya han demostrado en el pasado ser pésimas ideas. Ni siquiera una pandemia global puede cambiar los malos hábitos de la derecha colombiana.

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